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lunes, 1 de junio de 2015

LA TITULARIDAD DE LAS REDUCCIONES EN PERU - Che Piu

LA TITULARIDAD DE LAS REDUCCIONES DE EMISIONES FORESTALES EN PERÚ

 Hugo Che Piu Deza (PERU)
Miembro de la RELADEFA Perú y Asociado Fundador de DAR

Conforme señalamos en un artículo anterior, las reducciones de emisiones de la deforestación y degradación forestal son un derecho incorporal y mueble, que confiere a su titular un conjunto de beneficios, obligaciones y riesgos jurídicos y económicos derivados de la validación y verificación, conforme a los procedimientos del mecanismo REDD+, que un conjunto de actividades humanas han logrado evitar la emisión de una cantidad de toneladas de CO2 equivalente (tCO2e). Ahora abordaremos el tema de la titularidad de dichas reducciones de emisiones forestales. La definición de estos titulares debe hacerse en cada país, pues el marco jurídico internacional no lo ha hecho, y muy probablemente tampoco lo hará. Por eso esta definición de los titulares de las reducciones de emisiones forestales la haremos desde el punto de vista del marco legal peruano.

En dicho marco legal coexisten tres sistemas diferentes de asignación de titularidad sobre las reducciones de emisiones forestales, el primero corresponde a los beneficios económicos provenientes de los ecosistemas forestales, el segundo es referido aquellos que contribuyen a la provisión de servicios ecosistémicos; y el tercero sobre el titular de los certificados de carbono de proyectos REDD+ en áreas naturales protegidas. Estos tres sistemas no se articulan pacíficamente debido a que asignan derechos y atribuciones en algunos casos de manera incompatible y contradictoria. Esto hace necesario buscar una interpretación de estas normas que nos proporcione un sistema de asignación de titularidad de reducciones de emisiones forestales en Perú.

Beneficiarios económicos de los servicios de los ecosistemas forestales
La Ley N° 29763, nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, próxima a entrar en vigencia, no define explícitamente a los titulares de las reducciones de emisiones de la deforestación y degradación forestal, pero sí reconoce la existencia de un derecho a los beneficios de los servicios de los ecosistemas manejados sosteniblemente. Estos beneficios del aprovechamiento de los servicios ecosistémicos derivan del dominio sobre el ecosistema forestal y de su uso sostenible. Así, cuando el dominio es privado los administrados tienen derecho a esos beneficios, y cuando el dominio es público, los administrados solo pueden acceder a dichos beneficios cuando poseen un título habilitante otorgado por el Estado.

Cuando se trata de ecosistemas forestales de dominio público esta Ley señala que “los beneficios provenientes del aprovechamiento económico de los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre forman parte de los títulos habilitantes” En ese sentido, reconoce que los titulares de títulos habilitantes (concesiones, permisos y autorizaciones forestales) tienen el derecho a los beneficios (incluidos los económicos) procedentes de los servicios de los ecosistemas que se desprendan de su manejo.

Pero cuando se trata de ecosistemas forestales que están en dominio privado, esta misma Ley plantea que los titulares de predios privados y las comunidades campesinas y nativas pueden acceder a dichos beneficios sin necesidad de tener un título habilitante. La Ley establece que los propietarios de plantaciones forestales en predios privados o comunales no requieren de un permiso para acceder a los beneficios de los servicios de los ecosistemas provenientes de plantaciones forestales; y que los titulares de predios privados y las comunidades campesinas y nativas que no tengan título habilitante para el aprovechamiento económico de los servicios de los ecosistemas forestales, acceden a los beneficios de estos servicios a través de un permiso aprobado por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre.

Debemos considerar que estos beneficios se refieren al derecho a recibir un bien, una utilidad, un provecho o una ganancia que se pudiera generar por los servicios de los ecosistemas forestales sobre los cuales ejercen algún dominio privado o derecho de aprovechamiento forestal, lo que encajaría la idea de beneficiarios en los sistemas o planes de distribución de beneficios de los proyectos y programas de REDD+. Por ejemplo, en el caso del Fondo de Carbono del Fondo Cooperativo para el Carbono Forestal, según los Términos Generales del ERPA "Beneficiario" significa un destinatario de los beneficios monetarios y no monetarios identificados en el Plan de Distribución de Beneficios que pueden incluir entidades a cargo de sub-proyectos y otras partes interesadas, como los pueblos indígenas, dependientes de los bosques y otros habitantes de los bosques, las comunidades afectadas o grupos y organizaciones locales de la sociedad civil. 

Contribuyentes a la provisión de servicios ecosistémicos
La Ley Nº 30215, Ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, establece que aquellos que contribuyen a los servicios ecosistémicos pueden recibir una retribución condicionada a la realización de acciones de conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos. Esta Ley define como contribuyente a los servicios ecosistémicos a aquella persona natural o jurídica, pública o privada, reconocida por el Ministerio del Ambiente, que mediante acciones técnicamente viables contribuye a la conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos. 

De manera específica identifica como posibles contribuyentes a los:
i. Los propietarios, poseedores o titulares de otras formas de uso de tierras, respecto de las fuentes de los servicios ecosistémicos que se encuentran en estas;
ii. Los que cuenten con títulos habilitantes otorgados por el Estado para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables que cumplan con los fines para los cuales les fueron otorgados;
iii. Los titulares de contratos de administración de áreas naturales protegidas y otros mecanismos definidos por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), respecto de las fuentes de servicios ecosistémicos que se encuentran en ellas; y
iv. Otros que reconozca el Ministerio del Ambiente. 

Dentro de esto se enmarca la Ley N° 29763, nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, cuando dispone que los titulares de concesiones forestales se constituyen en titulares de los derechos por provisión de servicios ecosistémicos, en el marco de la normativa específica sobre la materia y de la presente Ley, siempre que cumpla los compromisos y condiciones del plan de manejo aprobado por la autoridad forestal. Esta Ley dispone que coadyuvar a la provisión de los servicios de los ecosistemas forestales y otros sistemas de vegetación silvestre es una actividad forestal porque estos servicios son parte del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación.

Titular de los certificados de carbono de proyectos REDD+ en áreas naturales protegidas
La norma más específica sobre reducciones de emisiones de la deforestación y degradación forestal en Perú es la Resolución Presidencial N° 26-2014-SERNANP del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) que aprueba la “Directiva sobre la Comercialización de los Derechos Generados por Proyectos de Conservación de los Ecosistemas Naturales presentes dentro de las Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional”. Esta directiva es la única norma peruana que define explícitamente al titular de reducciones de emisiones de deforestación degradación de bosques, aunque se refiere únicamente a los casos de proyectos en áreas naturales protegidas sometidos a estándares voluntarios. Además, reconoce que el dominio de los servicios ecosistémicos es diferente a los derechos existentes sobre los certificados resultantes de las reducciones de emisiones.

Dicha directiva establece que el SERNANP es el titular de cualquier tipo de certificados de carbono que pudieran generarse por la implementación de los proyectos que contribuyan a evitar la deforestación o degradación de los ecosistemas dentro de las áreas naturales protegidas. Adicionalmente, señala que en el marco del desarrollo de proyectos de servicios ecosistémicos para secuestro de carbono y reducción de emisiones de GEI por deforestación y degradación evitadas en el ámbito de las áreas naturales protegidas, el SERNANP conserva el dominio sobre los servicios ecosistémicos relacionados al secuestro de carbono y reducción de emisiones de GEI por deforestación y degradación evitadas.

La asignación de esta titularidad al SERNANP se basa en la soberanía que ejerce el Estado sobre los servicios ecosistémicos y los ecosistemas forestales. Esta visión se basa en el artículo 66° de la Constitución Política del Perú que señala que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación y el Estado es soberano en su aprovechamiento; y la interpretación que considera a los servicios ecosistémicos como parte inherente de los derechos sobre los recursos naturales, en particular en aquellos sobre el bosque[1]. Adicionalmente, se considera que “la titularidad de los servicios ambientales en bienes públicos le corresponde al Estado, y, habilita la posibilidad de la transferencia a particulares, confirma un (sic) Estado como el titular originario de los derechos que se generen en el marco de los servicios ambientales en ámbitos públicos.”[2] Esta posición se basa en el Decreto Legislativo Nº 1079 que establece medidas que garanticen el patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas, que señala que “La autoridad competente para administrar el patrimonio forestal, flora y fauna silvestre de las áreas naturales protegidas y sus servicios ambientales es el Ministerio del Ambiente a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado” y el Proyecto de Ley Nº 3213/2008-PE, Proyecto de Ley de Servicios Ambientales que decía “…Cuando la fuente del servicio ambiental sea un bien de dominio público o el predio en la que ésta se ubica sea de propiedad o usufructo del Estado, el beneficio de la compensación por los señalados servicios corresponde al Estado, pudiendo éste cederlo o trasladarlo en todo o en parte a particulares que colaboren en la conservación del patrimonio natural.”. Sin embargo, este proyecto de ley no fue aprobado.

Propuesta de interpretación de un sistema de asignación de titularidad de reducciones de emisiones forestales en Perú
Como hemos visto hasta ahora, en el Perú no existe un solo sistema de asignación de derechos sobre las reducciones de emisiones forestales. Sin embargo, eso no significa que en las normas analizadas no se pueda identificar algunos elementos que nos pueden servir para proponer un solo sistema de asignación de derechos sobre las reducciones de emisiones forestales. Estos elementos son los siguientes: 1) diferenciar la titularidad sobre las reducciones de emisiones de los beneficios provenientes del usufructo de dichas reducciones, 2) la asignación de la titularidad debe depender de la competencia sobre los ecosistemas forestales donde se logran las reducciones; y 3) la asignación de beneficios depende del dominio sobre el ecosistema forestal donde se logran las reducciones de emisiones.

La titularidad sobre las reducciones de emisiones forestales incluye un conjunto de atributos o facultades jurídicas, entre ellos podemos mencionar la posesión, el uso, el disfrute y la disposición. De todos estos atributos el fundamental, el que no pude desligarse de su titular es el de disposición o enajenación, es decir, la facultad de transferir (vender, comercializar, etc.) y extinguir (cancelar el registro) dicha titularidad. Los otros atributos de acuerdo a las conveniencias, necesidades o circunstancias nacionales pueden ser atribuidos a terceros. Como ocurre en el caso peruano en el que se reconoce que algunos actores tienen el derecho a disfrutar los beneficios o las retribuciones que pudieran generar las reducciones de emisiones forestales. Pero como ocurre en áreas naturales protegidas la titularidad sobre estas reducciones quedan en el Estado, y es ejercida a través de las de las instituciones públicas que ejercen su dominio eminencial sobre los ecosistemas forestales.

Por todo esto, proponemos que la autoridad forestal competente en cada uno de los ecosistemas forestales involucrados en las reducciones de emisiones forestales debe ser el titular de las reducciones de emisiones que se logren a través de dichos ecosistemas; toda vez que son ellos los principales responsables de las reducciones de emisiones que se pudieran lograr al ser las autoridades forestales competentes. Pero en todos los casos deberán de considerar como beneficiarios (incluso económicos) a las comunidades campesinas, comunidades nativas, propietarios de predios privados, titulares de títulos habilitantes y poseedores que tengan derechos sobre los ecosistemas forestales, con forme lo establecen las dos leyes que hemos analizados.

En ese sentido, el SERNANP debería ser el titular de las reducciones de emisiones forestales en áreas naturales protegidas. Los Gobiernos Regionales deberían ser los titulares de las reducciones de emisiones forestales, en aquellos departamentos en los que ya se trasfirieron las funciones forestales. Y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) debería ser el titular en de las reducciones de emisiones forestales en aquellos departamentos en los que aún no se han transferido las funciones forestales. Estos pueden autorizar a terceros la comercialización de dichas reducciones, por ejemplo, a la entidad responsable del programa de reducción de emisiones forestales, que podría ser el Programa Nacional de Conservación de Bosques.





[1] Pablo Peña (2014) El marco legal peruano para implementar REDD+, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Lima.
[2] Johanna Garay (2010) Marco Legal Ambiental de los Servicios Ambientales en las Áreas Naturales Protegidas, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, Lima.

lunes, 18 de mayo de 2015

DIFERENCIANDO LAS REDUCCIONES DE EMISIONES - Che Piu

DIFERENCIANDO LAS REDUCCIONES DE EMISIONES DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y EL CARBONO

Hugo Che Piu Deza (PERÚ)

Miembro de la RELADEFA Perú y Asociado Fundador de DAR

Gloria Sanclemente (RELADEFA Colombia) ha planteado la necesidad de definir quiénes son los titulares del “derecho a atribuirse el resultado de la reducción de la deforestación / degradación / conservación, para reclamar la financiación basada en resultados”. Esta definición no es, y probablemente tampoco será, hecha por las negociaciones internaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Son los sistemas jurídicos nacionales los que deben hacerlo. Por eso que Wilson Rocha (RELADEFA Bolivia) nos ha presentado una respuesta en base a la experiencia del caso del Parque Nacional Noel Kempff Mercado y la particular legislación boliviana. Sin embargo, considero que para poder identificar a los titulares de un derecho, primero debemos definir con claridad dicho derecho. Por eso, en las siguientes líneas planteo algunos conceptos generales que considero son necesarios para distinguir dicho derecho. En un artículo posterior espero abordar el tema de su titularidad.

Los bosques juegan un papel crucial en la adaptación y mitigación del Cambio Climático. Los bosques se encuentran entre los temas de mayor importancia en las negociaciones y acciones climáticas. En ese contexto, la Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación de bosques (REDD+) es el mecanismo que más avance ha alcanzado en las negociaciones climáticas. REDD+ es de particular importancia para muchos de los países de América Latina, pues el uso del suelo y el cambio de uso de suelos es una de sus principales fuentes de emisiones. Por ello muchos países de la región se encuentran involucrados en procesos pilotos de preparación para la implementación de este mecanismo. Uno de sus temas más sensibles es la determinación de la titularidad de las reducciones de emisiones de la deforestación y degradación de los bosques o “carbono forestal” como comúnmente e inadecuadamente se le conoce.

Identificar al titular o propietario de la reducción de emisiones de la deforestación y degradación de bosques es clave porque solamente dicho propietario es el que tendrá la capacidad para disponer (transferir o cancelar) las reducciones de emisiones. Por ejemplo, en el Fondo de Carbono del Fondo Cooperativo para el Carbono Forestal - FCPF (el principal proceso piloto para delinear la implementación de REDD+) se exige que se debe demostrar que la entidad a cargo del Programa de Reducción de Emisiones tiene “la capacidad para transferir el título de la emisión reducida” al Fondo de Carbono (FCPF 2013). Es decir, si no se identifica el titular de dichas reducciones de emisiones, y de ser el caso, se obtiene de él la facultad para transferirlas, no se podría cumplir con dicha obligación.

El carbono y los servicios ecosistémicos 
Definir la titularidad de las reducciones de emisiones encuentra muchas dificultades debido a la confusión sobre su naturaleza. En ese sentido, es necesario decir que la reducción de emisiones es un bien jurídico diferente del suelo, los bosques, los servicios ecosistémicos y el carbono. Si bien estos elementos se encuentran estrechamente ligados, son conceptos diferentes, y por eso los derechos que existen sobre cada uno de ellos no necesariamente otorgan derechos sobre los otros, y no siempre se ven afectados por las disposiciones que se pudieran hacer de aquellos.

Consideramos que no es necesario explicar a profundidad la diferencia que existe entre la reducción de emisiones y el suelo (tierra), así como con los bosques (ecosistemas). Por eso solamente diremos que los bosques y los suelos son bienes (corporales e inmuebles) diferentes de las reducciones de emisiones. Además, el suelo y los bosques son bienes de la naturaleza; mientras que la reducción de emisiones lograda a través de un mecanismo como REDD+ es siempre consecuencia de la voluntad y acción humana. Por lo tanto, los derechos sobre los bosques y los suelos son diferentes del derecho sobre las reducciones de emisiones. Siguiendo el ejemplo del Fondo de Carbono del FCPF, allí se ha precisado que la adquisición, venta y transferencia de reducciones de emisiones de ninguna manera se refiere o involucra a cualesquiera tierras o territorios (FCPF 2013). Sin embargo, es importante reconocer que la titularidad de derechos sobre el suelo y el bosque son importantes para la definición de la titularidad sobre la reducción de emisiones, aunque no para definir su naturaleza.

Si es necesario distinguir la reducción de emisiones de los servicios ecosistémicos y del carbono. Los servicios ecosistémicos son beneficios que la población obtiene de los ecosistemas. Estos beneficios provienen de las funciones o procesos ecológicos que directa o indirectamente contribuyen al bienestar humano o tienen un potencial para hacerlo en el futuro. Entonces, los servicios ecosistémicos son percepciones de las propiedades emergentes de los ecosistemas, pues no dependen o son aportados por alguno de sus elementos, sino que existen debido al funcionamiento del propio ecosistema y gracias a que son percibidos como beneficiosos por las personas. Estos procesos naturales inherentes a los ecosistemas que generan estos beneficios requieren que directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, actual o potencialmente las personas nos beneficiemos de ellos. De esta manera, los procesos naturales que generan los servicios ecosistémicos son cosas naturales incorporales pero no bienes. Mientras que los servicios ecosistémicos en tanto beneficios de la población si son bienes susceptibles de apropiación efectiva o virtual. Uno de esos procesos ecosistémicos es la fijación del carbono en las plantas y el suelo.

El carbono es un elemento químico que está en la naturaleza y que además de formar parte de todos los seres vivos, se conocen más de 16 millones de compuestos en diferentes estados (Torrealba et al 2014). El carbono tiene un ser real (átomos) que se puede medir. Sin embargo, en su estado gaseoso, por ejemplo, como Dióxido de Carbono es un gas inodoro e incoloro, cuya molécula consiste en un átomo de carbono unido a dos átomos de oxígeno (CO2). Por lo tanto, en el marco de REDD+ cuando hablamos de carbono forestal nos estamos refiriendo exclusivamente a ese carbono que ya ha sido fijado en los árboles y no al carbono que se encuentra en la atmósfera potencialmente secuestrable. El carbono así almacenado en las plantas y el suelo es un bien finito y corporal. Respecto de la biomasa es un elemento intrínseco de la misma, porque se encuentra incorporado en el ser mismo del árbol o bosque. A pesar de ello, los sistemas jurídicos especialmente ligados a captura de carbono forestal han optado por mantener el carbono como parte del derecho de propiedad sobre los bosques, o por separar el derecho de propiedad del carbono del derecho de propiedad del bosque (Savaresi & Morguera 2011). Sin embargo, el derecho por reducción de emisiones es un derecho completamente diferente a los derechos que se puedan establecer sobre el carbono.

La reducción de emisiones 
La reducción de emisiones no existe en la naturaleza, es una creación humana y su existencia depende de la voluntad y la acción del hombre. En el marco de REDD+ la reducción de emisiones es el resultado de un conjunto de enfoques de política e incentivos positivos que evitan que se produzcan emisiones de GEI provenientes de la deforestación y degradación de bosques, que de otra manera se hubieran producido. Estas acciones humanas consisten en evitar que el carbono fijado en los árboles sea emitido a la atmósfera como CO2. La reducción de emisiones tiene una existencia distinta al carbono y a los servicios ecosistémicos. Si bien la reducción de emisiones requiere la existencia de la tierra, el ecosistema, sus servicios y el carbono, no es la sola existencia de estos elementos la que permite que exista la reducción de emisiones, sino que su existencia radica en la acción humana que evita o reduce las emisiones. Para promover estas acciones REDD+ promete retribuir o premiar a aquellos que demuestren haber reducido las emisiones de GEI provenientes de la deforestación y degradación. Esta retribución se convierte en un beneficio económico que es uno de los atributos del derecho por reducción de emisiones.

La reducción de emisiones existe solo luego que ha validada y verificada conforme a los procedimientos establecidos en el mecanismo REDD+. Estos procedimientos pueden ser establecidos a nivel de proyectos voluntarios por el estándar privado el que define el procedimiento de validación y verificación, o en el caso del mecanismo REDD+ dentro de la CMNUCC por las metodologías aprobadas. El título (certificado, bono, crédito, etc.) que representa la reducción de la emisión de una tonelada métrica de Dióxido de Carbono equivalente (tCO2e) tiene una existencia distinta al propio carbono y posee un tratamiento jurídico distinto (Torrealba et al 2014). Continuando con el ejemplo del Fondo de Carbono del FCPF allí se ha establecido que una reducción de emisión representa una tCO2e que se deja de emitir o es extraída por sumideros gracias a las actividades REDD+ en el marco de un Programa de Reducción de Emisiones, y que la transferencia de la RE se refiere a todos los derechos/títulos/intereses adscritos a ella pero no sobre la tierra (FCPF 2013). Es decir, para el principal proceso piloto de REDD+ los derechos adscritos a la reducción de emisiones no incluyen derechos algunos sobre el bosque e incluso sobre el carbono forestal capturado, aunque posiblemente pudieran establecerse restricciones y limitaciones de uso, pero de ninguna manera implicaría su transferencia junto con la reducción de emisiones.

Este derecho por reducción de emisiones es un bien incorporal y mueble que genera efectos jurídicos en tanto que proporciona beneficios y obligaciones a su titular. La reducción de emisiones es una cosa incorporal, y por lo tanto podemos reconocerla como derecho. No hay cosas incorporales que no sean derechos, aunque traten de algo que no tenga ser real, ni pueda ser percibido por los sentidos (Torrealba et al 2014). Las reducciones de emisiones se comportan como bienes muebles, susceptibles de apropiación y de comercio, esto es, son enajenables y transmisibles. En cuanto al régimen de propiedad de los derechos por reducciones de emisiones siendo los mismos el resultado de una atribución hecha por un tercero (autoridad en el caso de los mecanismos REDD+) a favor de su titular, se entiende que existe sobre los mismos una auténtica propiedad que autoriza para adquirirlos, venderlos, usarlos, sometidos a un poder de regulación (por parte de CMNUCC en los mecanismos REDD+, o por parte del FCPF en el caso del Fondo de Carbono)  que puede imponer restricciones a su duración, a su transferencia, o a su contenido.

Entonces, concluyo que el derecho por reducción de emisiones representa un derecho incorporal y mueble, que confiere a su titular un conjunto de beneficios y riesgos jurídicos y económicos derivados de la validación y verificación, conforme a los procedimientos del mecanismo REDD+, que un conjunto de actividades humanas han logrado evitar la emisión de una tCO2e. Dicho derecho confiere a su titular tanto el beneficio económico como también un conjunto de responsabilidades y deberes. En cada país, se pueden establecer marcos jurídicos específicos para determinar quién es el titular o propietario, así como asignar determinados atributos de dicho derecho a sujetos diferentes, por ejemplo, mantener la disposición (transferencia y cancelación) con el propietario de la reducción de emisiones pero asignar el uso y usufructo (pagos y beneficios diferentes al carbono) al propietario del carbono o del bosque. Pero ello lo analizaremos con mayor detalle en el siguiente artículo.

Referencias
FONDO COOPERATIVO PARA EL CARBONO DE LOS BOSQUES – FCPF (2013) “Resolución PC/14/2013/9 Hoja de Términos para las Condiciones Generales del FCPF de un Acuerdo del Pago de Reducción de Emisiones”. Decimocuarta Reunión del Comité de Participantes. Del 19 al 21 marzo de 2013. Washington, DC.
NOVOA, Gerardo (s/f) “Tributación sobre la transferencia de los Créditos de Carbono (CERs)”. En Revista Peruana de Derecho de la Empresa No. 61, Año XXI. Pág. 311-327.
PEÑA, Pablo (2014) El Marco Legal Peruano para Implementar REDD+. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Lima.
SAVARESI, Annalisa y Elisa MORGERA (2011) “Propiedad sobre la tierra, lo bosques y el carbono” en Costenbader, John (Ed.) 2011. Marcos jurídicos en materia de REDD. Diseño e Implementación en el nivel nacional. Gland, Suiza: UICN. xiv + 218 pp.
TORREALBA, Juan Andrés, Angelo SARTORI, Patricio EMANUELLI, y Guido AGUILERA (2014) Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV): Planteamientos Iniciales sobre los Derechos del Carbono Forestal en Chile. Corporación Nacional Forestal de Chile - CONAF Santiago, octubre 2014.
VIÑUELA, Mauricio (2005) “Naturaleza jurídica de los derechos de emisión negociables generados a raíz del Protocolo de Kyoto y sus consecuencias”, en Revista de Derecho Administrativo Económico (de Chile), N° 14 enero-julio 2005

LA PROPIEDAD DEL CARBONO EN BOLIVIA - Rocha

LA PROPIEDAD DEL CARBONO EN BOLIVIA

Wilson Rocha (BOLIVIA)
Coordinador Latinoamericano de la RELADEFA y miembro de la RELADEFA Bolivia

Quiero comenzar este artículo, contándoles que Bolivia ha tenido el primer Programa de Carbono Forestal Certificado del mundo, denominado “Proyecto de Acción Climática Noel Kempff Mercado – PACNK”; mismo que inicio sus actividades el año 1997 y logro como uno de sus principales resultados, fijar un total de UN MILLÓN TREINTA Y CUATRO MIL, CIENTO SIETE TONELADAS DE CARBONO (1.034.107 toneladas de CO2) hasta el año 2005. Toneladas de CO2 que  hubieran sido liberadas a la atmósfera si no se consolidaba el Área del Parque Nacional Noel Kempff Mercado[1] de 831.689 hectáreas a 1.582.322 hectáreas, así como el desarrollo de una serie de actividades para reducir la deforestación de dicho Parque y la Reserva Forestal Bajo Paragua. Es importante mencionar también, que toda la metodología de certificación de la reducción de emisiones de CO2 solamente se la realizo en una superficie de 650.000 hectáreas.

Por otro lado, según el extinto Mercado de Bonos de Carbono de la Bolsa Climática de Chicago, el Millón de Toneladas de CO2 fijadas y certificadas llego a cotizarse en al menos 5 millones de dólares americanos; momento en el cual, algunos  de los promotores o detractores del Proyecto, entre autoridades públicas del nivel nacional y sub-nacional, comunidades indígenas y campesinas, organizaciones matrices de estas, comenzaron a reclamar un porcentaje a su favor del monto total cotizado.

Pues bueno, toda la expectativa generada por la comercialización del Millón de Toneladas de CO2 certificadas, llevó a iniciar un proceso profundo de discusión sobre la legalidad de la distribución porcentual de beneficios solicitada, para lo cual se comienza el análisis buscando el origen del PACNK, identificándose en consecuencia que todas las operaciones del Proyecto se encontraban sujetas a un Convenio Marco, mismo que habría sido firmado al amparo de la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) como Actividad Implementada Conjuntamente (AIJ por sus siglas en inglés) entre los Gobiernos de Bolivia y de los EEUU, por un plazo de 30 años (1997 – 2026).
Seguidamente, se realiza un proceso riguroso de reflexión y análisis de la normativa boliviana, estableciéndose posibles soluciones o rutas críticas que no logran generar consensos, ni mucho menos satisfacer las expectativas de los interesados en los beneficios que podría generar la comercialización de los certificados de carbono; dilatando de esta manera la puesta en marcha  de la primera transacción de Carbono Forestal en el mercado voluntario de Chicago. Dicho proceso de análisis se complica más, cuando el año 2009 se promulga la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y con ella el establecimiento de una política nacional e internacional de no mercantilización de las funciones ambientales de los bosques, el rechazo al Mecanismo de Reducción de Emisiones Por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+), la promulgación de la Ley de Derechos de la Madre Tierra Nro. 071 y la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien Nro. 300; desestimándose por completo cualquier posibilidad de generar transacciones de carbono forestal.
En este entendido, el presente análisis de la propiedad del CO2 fijado o reducido como consecuencia del manejo integral de bosques en Bolivia, no pretende retomar la discusión del PACNK, sino más reflexionar sobre la normativa boliviana respecto al tema en cuestión, a efectos de brindar luces que posibiliten en el futuro establecer con claridad a los beneficiarios de programas y proyectos forestales, donde se consideren a las funciones ambientales, como parte de acciones de fomento financiero y asistencia técnica directa a comunidades indígena originario campesinas y poblaciones rurales, así como entidades nacionales y sub-nacionales que cuenten con jurisdicción territorial forestal o competencias en la gestión integral de los bosques. Todo esto, con la finalidad de no generar expectativas irreales que podrían tornarse en conflictos ambientales y socioeconómicos que repercutan además en el desarrollo de las poblaciones con áreas forestales.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en su artículo 348 establece como recursos naturales a los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento; asimismo determina que los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país, siendo propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, correspondiendo al Estado su administración y comercialización en función al interés colectivo.
Según la Ley Nro. 071 “la Madre Tierra es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común”. Asimismo, la Ley Nro. 300 establece la No Mercantilización de las Funciones Ambientales de la Madre Tierra, por lo que los procesos naturales de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, no son considerados como mercancías sino como dones de la sagrada Madre Tierra. Esta misma norma establece que los bosques, seres, elementos y procesos que conforman los sistemas de vida son considerados componentes de la Madre Tierra, los mismos que bajo condiciones de desarrollo sustentable pueden ser usados o aprovechados por los seres humanos, dado que son recursos naturales, como lo establece la Constitución Política del Estado.
Amparados en el marco legal antes referido, en primera instancia es importante determinar si el CO2 (Dióxido de Carbono) según la normativa boliviana podría ser considerado un recurso natural; por lo que si recordamos la definición instruida desde el primero de primaria, donde nos enseñan que los bosques son el pulmón del mundo porque el proceso fotosintético de estos nos genera aire puro, podemos animarnos a definir entonces al CO2 como un gas natural que regula el Calentamiento Global y que como parte del ciclo del carbono las plantas, algas y cianobacterias usan energía lumínica del Sol para fotosintetizar carbohidratos a partir del CO2 y el agua, expulsando oxígeno como desecho de la reacción. En síntesis el Carbono Forestal es un proceso natural biológico de almacenamiento en la biomasa. Por tanto, el gas de CO2 podría ser considerado como un elemento o componente de la Madre Tierra generado como consecuencia de la conservación y el aprovechamiento sustentable de los bosques, por consiguiente se constituye en un recurso natural pasible de aprovechamiento, según lo establecido por el artículo 348 de la CPE, en concordancia con lo prescrito por el artículo 5 numerales 4, 6 y 8, así como los artículos 16, 19, 51 y 54 de la Ley Nro. 300.
Cabe mencionar también, que el artículo 54 de la Ley Nro. 300 al instituir el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques - operado por la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra - tiene el objetivo de promover el manejo integral de los bosques y sistemas de vida de la Madre Tierra, con la finalidad de reducir la deforestación y degradación forestal y sus causas, logrando de está manera la conservación, protección y restauración de las funciones ambientales, en un contexto de mitigación y adaptación al cambio climático. Asimismo, este Mecanismo está basado en la no mercantilización de las funciones ambientales de la Madre Tierra, en el manejo integral y sustentable de los bosques y su multifuncionalidad, y en el respeto a los derechos de los pueblos indígena originario campesinos. En consecuencia, está orientado a fortalecer los medios de vida sustentables de las poblaciones locales y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos con derecho de propiedad en áreas de bosque o zonas de vida con aptitud forestal.
Por otro lado, de la revisión al artículo 105 y siguientes del Código Civil boliviano, en principio debemos definir a la propiedad como el poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa  de forma compatible con el interés colectivo y los límites y obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. Asimismo, se establece también que la propiedad inmueble o del suelo se extiende al subsuelo y sobresuelo, prolongados desde el área limitada por el perímetro superficial, hasta donde tenga interés el propietario para el ejercicio de su derecho, sin embargo esta disposición no se aplica a las substancias minerales, a los hidrocarburos, a los objetos arqueológicos y a otros bienes regidos por leyes especiales, recayendo en consecuencia dentro la definición de “otros bienes regidos por leyes especiales” los bosques y sus funciones ambientales. Mandato normativo del ordenamiento jurídico civil que guarda plena concordancia con el artículo 51 de la Ley Nro. 300.
Sin embargo y quizás de manera hasta contradictoria, también se debe mencionar que la Ley Nro. 300 establece la posibilidad del aprovechamiento de las funciones ambientales de los bosques y en especial aquella referida a la regulación de gases con efecto invernadero (reducción de emisiones de carbono, captación o fijación de carbono), como un derecho de uso debidamente regulado y reglamentado por norma especial. Prescripción legal que guarda plena relación y concordancia con los artículos 83, 84, 85, 222 y 225 del Código Civil, pues el carbono forestal certificado podría ser considerado como un “fruto” de los bosques. Por último, según la ley nacional aplicable a elaborarse, el CO2 podría constituirse en un bien “inmaterial”, porque no tiene realidad material como tal y sólo existe por el efecto de una construcción jurídica, considerándose además, como un bien “mueble”, porque el carbono secuestrado no está atado a la tierra a perpetuidad, pues algún día podría ser liberado hacia la atmósfera.
En conclusión la Propiedad del Carbono en Bolivia es de todo el pueblo boliviano, según lo preceptuado por los artículos 346 y 348 de la Constitución Política del Estado, por lo que se lo consideraría patrimonio natural de interés público y de carácter estratégico para el desarrollo sustentable del país. Ahora bien, el Estado boliviano podría aprobar una normativa especial que regule el aprovechamiento de este recurso natural, el mismo que sería sujeto de comercialización o compensación voluntaria para beneficio de los titulares de propiedades inmuebles con bosques o aquellos que estuvieran situados en tierras de vocación forestal, infiriendo esto de la definición de aprovechamiento y funciones ambientales establecida por la Ley Nro. 300 que a la letra dice: “Aprovechamiento. Es la utilización de los productos de los componentes de la Madre Tierra por personas individuales y colectivas para el desarrollo integral, con fines de interés público y/o comercial, autorizados por el Estado Plurinacional de Bolivia, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.” “Funciones Ambientales. Es el resultado de las interacciones entre las especies de flora y fauna de los ecosistemas, de la dinámica propia de los mismos, del espacio o ambiente físico (o abiótico) y de la energía solar. Son ejemplos de las funciones ambientales las siguientes: el ciclo hidrológico, los ciclos de nutrientes, la retención de sedimentos, la polinización (provisión de polinizadores para reproducción de poblaciones de plantas y dispersión de semillas), la filtración, purificación y desintoxicación (aire, agua y suelo), el control biológico (regulación de la dinámica de poblaciones, control de plagas y enfermedades), el reciclado de nutrientes (fijación de nitrógeno, fósforo, potasio), la formación de suelos (meteorización de rocas y acumulación de materia orgánica), la regulación de gases con efecto invernadero (reducción de emisiones de carbono, captación o fijación de carbono), la provisión de belleza escénica o paisajística (paisaje).
Por otro lado y de acuerdo a la normativa referida de manera precedente, podemos concluir también que el CO2 es un importante gas o recurso natural para el Estado, respecto al cual estaría desestimada su comercialización en mercados nacionales o internacionales, pero que sin embargo su contabilización al menos podría ser sujeta de reconocimiento o compensación voluntaria por países industrializados que tienen una Deuda Climática e Histórica con los países en vías de desarrollo como Bolivia, donde el principio de Justicia Climática se constituye en un derecho de los pueblos a la vida y la urgente necesidad de incluir el cuidado de la Madre Tierra, todo esto en el marco de la equidad y las responsabilidades comunes pero diferenciadas de los países ante el cambio climático.
Finalmente, debemos advertir también, que si bien el CO2 es un recurso estratégico importante, el mismo deberá estar ligado al Manejo Integral y Sustentable de los Bosques, pues focalizar la atención en un solo producto que en principio puede generar muchos ingresos o quizás ninguno, podría descuidar la atención y dejar de lado iniciativas de aprovechamiento de productos forestales maderables y no maderables,  mismos que por su variedad pueden contribuir de manera directa en el desarrollo socioeconómico y ambiental de los pueblos, y de manera global en la lucha contra la pobreza y las crisis alimentaria y climática que vivimos, y aquella que se nos viene.






[1] El Parque Nacional Noel Kempff Mercado es considerado una de las áreas protegidas de Bolivia biológicamente más diversas del mundo y ha sido denominado como Sitio de Patrimonio Natural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

jueves, 14 de mayo de 2015

LOS DERECHOS DE CARBONO EN COLOMBIA - Sanclemente

LOS DERECHOS DE CARBONO EN COLOMBIA















Gloria Sanclemente (COLOMBIA)
Integrante de la RELADEFA Colombia.

La reglamentación en materia de los denominados “derechos de carbono” en Colombia es una necesidad, por cuanto contribuye al cumplimiento de compromisos y obligaciones del Estado Colombiano adquiridas como país Parte de la CMNUCC, en especial en los referidos a la formulación y ejecución de programas orientados a la mitigación del cambio climático. Así mismo, facilitaría la labor de mitigación en el sector forestal, al reglar un registro que permita contar con una contabilidad unificada a nivel nacional, y que parta de los principios de descentralización y participación.

La propuesta surge al reconocer los desarrollos que han existido en el país a través de la implementación de proyectos tempranos, que dan cuenta de la necesidad de avanzar en la definición del tema sobre quién puede o tiene derecho a atribuirse el resultado de la reducción de la deforestación / degradación / conservación, para reclamar la financiación basada en resultados.

Si bien el ordenamiento jurídico colombiano no ha hecho una regulación expresa en torno al tema de a quién le corresponde los derechos sobre el carbono, para entender su naturaleza jurídica hay que tener en cuenta una serie de elementos respecto a su propiedad y la potestad del Estado de reglamentarlos, definiendo la forma para resolver la disyuntiva respecto a si la propiedad de los bosques, y los servicios que estos prestan, pertenecer a la Nación o a los privados.

Respecto a la primera postura, se parte de reconocer que sin desmedro de los derechos legítimamente adquiridos por los particulares, los recursos naturales renovables y así mismo los servicios que de allí se derivan, pertenecen a la Nación[1]. Lo anterior, con fundamento además del CNRN, en la Constitución Política de Colombia la cual le otorgó al Estado la responsabilidad de protegerlos, coordinarlos y regular su aprovechamiento, garantizando el desarrollo sostenible y la conservación y restauración del ambiente. De esta forma, siendo los derechos sobre el carbono figuras emanadas de Tratados internacionales, y siendo el Estado el responsable de su cuidado y protección, el carbono como servicio ambiental es propiedad de la Nación.

La segunda postura hace referencia a la propiedad que tienen las comunidades y en general los privados a decidir sobre sus predios, incluyendo, la toma de decisiones respecto a lo que le sucede a los bosques en su interior así como la capacidad de apropiarse de los beneficios que surjan como  resultado de la reducción de la deforestación / degradación / conservación. Lo anterior, con fundamento en el Código civil colombiano, y el principio de derecho que establece que lo accesorio corre la suerte de lo principal.
Finalmente, existe una postura que partiendo del reconocimiento del derecho de propiedad, así como de la responsabilidad y potestad del Estado de mandatar en materia ambiental, se fundamenta en decisiones de la Corte Constitucional que indicaron frente a la propiedad de los recursos naturales, que no es posible afirmar en cabeza de la Nación, “una forma de propiedad  patrimonial en la forma de propiedad privativa”, sino que “(…) consagra una figura diferente a la propiedad privada o pública, a saber, el llamado “dominio eminente del Estado”. Este dominio “comprende todas aquellas facultades inherentes a la soberanía que tiene el Estado sobre su territorio y sobre los bienes en él contenidos, a fin de conservar el orden jurídico y cumplir las funciones constitucionales que le han sido atribuidas”. Es decir, que (…) “ese dominio eminente no es de carácter económico, como el derecho de propiedad, sino que tiene naturaleza jurídico-política, pues la Nación no es “dueña” del territorio, en el sentido de ser su propietaria, sino que le “pertenece”, por cuanto ejerce soberanía sobre estos espacios físicos, ya que el territorio es el ámbito espacial de validez de las normas estatales.”
Así las cosas el Estado colombiano, tiene facultades plenas para establecer cualquier tipo de regulación sobre los recursos naturales y los servicios que estos generen, incluyendo aquellas limitaciones sobre la propiedad privada, que surjan en desarrollo del principio de la función ecológica de la misma. El Estado, en desarrollo de la potestad reguladora derivada del principio del dominio eminente, puede reglamentar el servicio ambiental de reducción de emisiones de gases efecto invernadero en el sector forestal, y establecer las disposiciones correspondientes que permitan garantizar la coordinación de la implementación y financiación de las medidas de mitigación de emisiones, basadas en resultados; incluyendo i) la identificación de aquellas personas con derechos legítimos sobre el uso del suelo como aquellos con derecho sobre el servicio ambiental de mitigación, ii) la forma como se implementarán las diferentes medidas, iii) los niveles de referencia, iv) el sistema de registro, v) la participación en la distribución de la financiación basada en resultados, v) el cumplimiento de las salvaguardias aplicables, y vii) la medición reporte y verificación.

Lo anterior, de ninguna forma niega la posibilidad de que el Estado permita el uso y goce de los mismos, a través del usufructo a quienes estén en la capacidad de disponer de las tierras en donde eventualmente estos se generen, es decir, que es posible conciliar las dos posturas que históricamente se han presentado como opuestas.





[1] según el artículo 42 del Decreto Ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables- CNRNR